Luis Arnoldo Flores-Reyes, aka Maloso and Lobo, charged in VA Federal Court in connection Sailors Clique of MS-13

A federal grand jury returned an indictment yesterday charging an alleged MS-13 member residing in Arlington, Virginia with conspiracy to participate in a racketeering enterprise, conspiracy to distribute controlled substances, and conspiracy to interfere with interstate commerce by extortion.

The indictment was announced by Acting Assistant Attorney General John P. Cronan; Acting U.S. Attorney Stephen M. Schenning for the District of Maryland; Special Agent in Charge Andre Watson of the U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) Homeland Security Investigations (HSI); Assistant Director in Charge Andrew W. Vale of the FBI Washington Field Office; Special Agent in Charge Karl C. Colder of the U.S. Drug Enforcement Agency (DEA); Chief Henry P. Stawinski III of the Prince George’s County Police Department; Prince George’s County State’s Attorney Angela D. Alsobrooks; Chief Douglas Holland of the Hyattsville Police Department; Chief J. Thomas Manger of the Montgomery County Police Department; and Montgomery County State’s Attorney John McCarthy.

Luis Arnoldo Flores-Reyes, aka Maloso and Lobo, 37, is charged in a four-count superseding indictment that alleges that from at least 2015 through January 2018, he was a member and associate of the Sailors Clique of MS-13 and that he engaged in a racketeering conspiracy that included extortion, drug trafficking, murder and a conspiracy to commit murder. The defendant is also charged with drug trafficking conspiracy and conspiracy to interfere with interstate commerce by extortion. Flores-Reyes is in custody.

According to the indictment, MS-13 is a national and international gang composed primarily of immigrants or descendants from El Salvador. Branches or “cliques” of MS-13, one of the largest street gangs in the United States, operate throughout Prince George’s County and Montgomery County, Maryland. Eleven other individuals were previously charged in this case with racketeering conspiracy, conspiracy to commit murder in aid of racketeering, drug trafficking conspiracy and conspiracy to interfere with interstate commerce by extortion.

For a period of time beginning at least in 2015 through in or about 2017, members of the Sailors Clique, including Flores-Reyes, are alleged to have extorted owners of illegal businesses in the Langley Park and Wheaton areas of Maryland, with the extortion proceeds being sent to El Salvador to benefit MS-13. In addition, between 2015 and 2018, members of the Sailors clique, including Flores-Reyes, are alleged to have trafficked narcotics, including marijuana and cocaine in Langley Park, Maryland, with the proceeds benefiting the gang.

More specifically, in January 2018, Flores-Reyes gave directions to members of MS-13 in Houston, Texas that they should purchase a gun and shoot rival gang members who were believed to have killed a member of MS-13. On or about Jan. 28, 2018, members of MS-13 in Houston, Texas shot at and attempted to kill suspected rival gang members while Flores-Reyes and other MS-13 members, including MS-13 members in El Salvador, monitored the shooting by phone.

An indictment is not a finding of guilt. An individual charged by indictment is presumed innocent until proven guilty at some later criminal proceedings.

https://www.justice.gov/opa/pr/alleged-ms-13-member-charged-violent-racketeering-conspiracy-including-drug-trafficking-and

 

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Ex-Lanzador de las Grander Ligas Esteban Laoiza acusado en corte federal en California de Narcotráfico

El ex-beisbolista mexicano, Esteban Laoiza, de 46 años, ha sido detenido en California, Estados Unidos con más de 20 kilos de cocaína. Loaiza, conocido por su destacada carrera como lanzador en las Grandes Ligas.

Loaiza,fue acusado originalmente de crímenes estatales luego de su arresto febrero 2018 en Imperial Beach, pero ahora enfrenta una acusación federal por posesión de cocaína con la intención de distribuir el mismo. Si es encontrado culpable, el ex jugador de Partido de las Estrellas de las Grandes Ligas en dos ocasiones enfrenta un mínimo de 10 años en una prisión federal y una multa de hasta $ 10 millones.

 

EEUU acusa a congresista hondureño de Fredy Renan Najera Montoya conspiración para tráfico de drogas

 

NUEVA YORK (Reuters) – Las autoridades federales de EEUU anunciaron mes pasado la imputación por tráfico de drogas y armas contra un congresista de Honduras. El caso abierto en la Corte Federal de Manhattan en Nueva York acusa a funcionarios actuales y anteriores del país centroamericano de participar en el tráfico de drogas.

Fredy Renan Najera Montoya, de 41 años, fue acusado de conspirar para importar “enormes cantidades de cocaína” a Estados Unidos, según el fiscal federal Geoffrey Berman en Manhattan.

Najera, quien también fue acusado en una acusación formal presentada en la corte federal de Manhattan por portar y usar ametralladoras.

Los fiscales federales alegan que entre 2009 y 2014, Nájera ayudó en el tráfico de cocaína a gran escala desde Colombia y otros lugares a través de Honduras. La acusación especifica que Najera ayudó a organizar pistas de aterrizaje clandestinas, protegidas por pistoleros fuertemente armados, para aviones que transportaban cocaína a Honduras. La cocaína luego se vendió al Cartel de Sinaloa de México y finalmente se importó a los Estados Unidos.

Najera también fue acusado de participar en una operación de tráfico de cocaína que involucró el pago de un soborno de $ 50,000 a Fabio Lobo, hijo del ex presidente hondureño Porfirio Lobo.

Los fiscales dijeron en la acusación del mes pasado (febrero 2018) que los narcotraficantes pagaban sobornos a funcionarios hondureños, incluidos miembros del congreso nacional, para garantizar el paso seguro de drogas a través del país.

Fabio Lobo fue arrestado en una redada de la DEA en 2015, se declaró culpable de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y fue sentenciado a 24 años de prisión en septiembre 2017.

Los fiscales de Estados Unidos han acusado a varios otros hondureños prominentes con participación en el tráfico de drogas.

Yankel Rosenthal, quien se desempeñó como ministro de inversiones bajo el actual presidente Juan Orlando Hernández, fue sentenciado a dos años y cinco meses de prisión el viernes después de que se declaró culpable de intentar blanquear las ganancias de la droga en nombre de un abogado hondureño.

El primo de Rosenthal, Yani Rosenthal, fue sentenciado previamente a tres años, y su padre, el ex vicepresidente hondureño Jaime Rosenthal, fue acusado, pero sigue prófugo.

Interpol

Interpol
Interpol es una red internacional de fuerzas policiales de países de todo el mundo, cuenta con 192 países miembros. El objetivo de Interpol es ayudar a las fuerzas policiales de diferentes países a cooperar para resolver crímenes. Cada país miembro tiene su propia sucursal de Interpol llamada Oficina Central Nacional (OCN).

Avisos

Los avisos son alertas internacionales utilizadas por la policía para comunicar información sobre crímenes, personas buscadas y amenazas. Interpol utiliza ocho tipos de avisos; rojo, azul, verde, amarillo, negro, naranja y morado. Siete de estos avisos están codificados por color por su función.

  • Aviso Rojo: busca la detención o arresto preventivo de personas buscadas con el objetivo de ser extraditadas. Ante este tipo de alerta, “las personas son buscadas por jurisdicciones nacionales y las circulares requeridas están basadas en órdenes de arresto o decisiones de una Corte. El rol de Interpol en estos casos es asistir a las fuerzas locales en la identificación y localización de estas personas” para poder detenerlas y extraditarlas.
  • Aviso Azul: objetivo de esta circular es “localizar, identificar u obtener información sobre una persona de interés en una investigación criminal”.
  • Aviso Verde:para advertir sobre posibles actividades criminales de una persona, si esa persona es considerada una posible amenaza a la seguridad pública.
  • Aviso Amarillo: para localizar a una persona desaparecida o para identificar a una persona que no puede identificarse.
  • Aviso Negro: para obtener información sobre cadáveres no identificados.
  • Aviso Naranja: para advertir sobre un evento, una persona, un objeto o un proceso que represente una amenaza y un peligro inminente para personas o propiedades.
  • Aviso Especial Interpol-Naciones Unidas sobre el Consejo de Seguridad: informar a los miembros de la Interpol que una persona o entidad está sujeta a sanciones de la ONU

Aviso rojo

El más conocido es el aviso rojo, que es el instrumento más cercano a una orden de arresto internacional. Una notificación roja es una alerta internacional para buscar la ubicación y el arresto de una persona buscada con el propósito de la extradición. Un aviso en rojo informa a los oficiales de la ley en un país que los de otro país están buscando el arresto de una persona en particular.

La alerta incluye dos tipos principales de información:

  • detalles de identidad (descripción física, fotografía, huellas dactilares, números de documentos de identidad, etc.) y
  • Información judicial (la ofensa criminal con la que se le acusa a la persona, referencias a las leyes bajo las cuales se realiza el cargo o se obtuvo una condena, referencias a la orden de arresto o sentencia judicial, etc.)

Difusión

De forma similar a la notificaciones, se emite una difusión para los mismos fines que los avisos pero se envía directamente por un país miembro a un país de su demandado. Una difusión es como un aviso rojo, una alerta internacional que notifica a las autoridades policiales de un país que las de otro país buscan el arresto de una persona específica.

Los abogados de Mercado & Rengel tienen experiencia en tratar con organizaciones internacionales (policiales) como la Interpol. Nuestros abogados saben qué información se debe proporcionar. También sabemos qué información no es significativa.

¿Cómo proceder con una solicitud para la eliminación de un aviso o difusión en rojo?

Puede considerar los siguientes pasos:

  • contactar a las autoridades judiciales del país que emitió el aviso rojo con la solicitud de eliminar la información.
    • Cada país tiene sus propias leyes y procedimientos. Nuestros abogados pueden realizar consultas en el estado emisor, preferiblemente a través de un abogado colaborador. Trabajamos con abogados locales en todo el mundo.
  • contactar a las autoridades del país donde vives para solicitarle a la Interpol que elimine tu nombre de sus bases de datos.

La naturaleza y los motivos de cualquier desafío variarán de un caso a otro, pero en resumen se deben considerar los siguientes elementos clave bajo Constitución de la INTERPOL :

  • Artículo 3 de la Constitución de la Interpol, que establece que está “estrictamente prohibido” que la Interpol participe en actividades de carácter político, religioso, militar o racial.
  • Artículo 2 de la Constitución de Interpol, que exige que la organización actúe “en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
  • Las Reglas sobre procesamiento de datos (RPD), que incluye disposiciones detalladas sobre avisos rojos y difusiones. Este es el libro de reglas principal que aplica el CCF

Un aviso rojo o su difusión se debe eliminar cuando el caso no es lo suficientemente serio. Esto se decide mirando la duración de la oración. Hay dos elementos:

  • ya hay una convicción; un aviso rojo no puede ‘publicarse’ para solicitar la extradición a fin de cumplir una pena menor de seis meses de prisión.
  • aún no hay convicción; un aviso rojo no puede ‘publicarse’ para solicitar su devolución para ser enjuiciado y juzgado, a menos que el delito en cuestión se castigue con al menos dos años de prisión.

El artículo 83 de las Reglas sobre procesamiento de datos establece criterios específicos para ‘publicar’ avisos rojos. Por ejemplo, se prohíbe la “publicación” de un aviso rojo:

  • el delito en cuestión plantea cuestiones “controvertidas” relacionadas con normas de conducta o culturales (por ejemplo, adulterio)
  • el delito se origina en “una violación de leyes o regulaciones de naturaleza administrativa o derivadas de disputas privadas” (por ejemplo, delitos relacionados con un cheque no financiado)

Información para proporcionar una solicitud de eliminación del aviso rojo
Interpol tendrá que sopesar los aspectos “políticos”, “derechos humanos” y / o “civiles” de un caso contra los aspectos de “derecho común” (penal) para ver cuál predomina a fin de determinar si el aviso rojo cumple con las constitución y reglas de Interpol. Para obtener una decisión favorable, se debe informar a Interpol sobre los aspectos relevantes del caso.

Nosotros en Mercado & Rengel como abogados penalistas experimentados en asuntos internacionales estamos bien informados sobre los procesos de la Interpol y de derecho internacional en general. Estamos disponibles para ayudarles en materias de extradición, casos penales o con cualquier inquietud legal. No dude en contactar con nosotros en Madrid +34 914 02 36 57 o en EEUU a +1-617-284-6700, correo electrónico a info@mercadorengel.com o por Skype mercado.rengel.

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Dominicano sentenciado por su papel en Massachusetts de robo y uso indebido de identidad ajena

Angel Miguel Beltre Tejeda, de 32 años, fue condenado por el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos George A. O’Toole, Jr. a dos años de prisión y un año de libertad supervisada. Tejeda será deportado luego de completar su sentencia. Tejeda fue arrestado en agosto de 2017 junto con otras cinco personas, y se declaró culpable de robo de identidad agravado en octubre de 2017.

El el Departamento de Motores y Vehiculos (RMV) expide documentos de identificación, como licencias de conducir, permisos de aprendizaje y tarjetas de identificación del estado. Para evitar que las personas obtengan un documento de identificación fraudulento, el RMV mantiene sistemas para verificar si la información de identidad de los solicitantes es precisa.

Desde 2016 hasta la primavera de 2017, Tejeda participó en un plan para emitir tarjetas de identificación y licencias de conducir de Massachusetts a personas que presentaron documentos de identificación en identidades distintas a la suya. Estos documentos de identificación incluían certificados de nacimiento puertorriqueños y tarjetas de la seguridad social de los EE. UU. Que eran falsificados, genuinos pero obtenidos fraudulentamente o genuinos pero alterados.

El esquema involucró varios pasos. Primero, Tejeda obtendría documentos de identificación pertenecientes a ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico y los vendía a clientes que buscaban identidades legítimas en Massachusetts. Estos clientes incluían a inmigrantes ilegales, personas que fueron previamente deportadas y una persona que admitió cargos por drogas anteriormente enfrentados. Tejeda recibió cientos de dólares cuando vendió un documento de identidad como parte de este esquema.

Los empleados de RMV que participan en esta red aceptarán entonces cientos de dólares en efectivo para emitir documentos auténticos, incluidas licencias y tarjetas de identificación de Massachusetts. Los empleados también aceptaron sobornos para usar el sistema de RMV para ejecutar consultas, incluidas las auditorías de números de la Seguridad Social, para confirmar que las identidades que robaban los clientes en realidad pertenecían a personas verificables.

Para mas información ver: https://www.justice.gov/usao-ma/pr/dominican-national-sentenced-role-massachusetts-rmv-identity-theft-scheme

Dominicano acusado de robo de identidad en la Corte Federal de Boston

BOSTON – El día 1 de marzo 2018, un ciudadano dominicano fue acusado hoy en una corte federal en Boston en relación con el uso indebido de un número de Seguridad Social y robo de identidad.

José González Vizcaíño fue acusado de dos cargos de uso indebido de un número de Seguridad Social y un cargo de robo de identidad agravado. Vizcaino fue acusado anteriormente por denuncia y arrestado en febrero de 2018.

De acuerdo con documentos judiciales, el 11 de marzo de 2014, Vizcaíno visito un sucursal del Registro de Vehículos Motorizados en Massachusetts y utilizó el nombre, fecha de nacimiento y número de Seguridad Social de un ciudadano estadounidense de Puerto Rico para solicitar un permiso de aprendiz de Massachusetts. El 19 de mayo de 2014, Vizcaino regresó al Registro de Vehículos Motorizados y nuevamente utilizó el nombre, fecha de nacimiento y número de seguro social del ciudadano de los Estados Unidos para solicitar una licencia de conducir de Massachusetts.

El cargo por uso indebido de un número de Seguridad Social estipula una sentencia de no más de cinco años de prisión, tres años de liberación supervisada y una multa de hasta $ 250,000. El cargo de robo de identidad con agravante establece dos años de prisión obligatoria, que debe transcurrir consecutivamente a cualquier otro término de encarcelamiento impuesto. Según las fuentes judiciales, Vizcaino estará sujeto a la deportación al finalizar su sentencia. Las sentencias son impuestas por un juez de un tribunal de distrito federal basado en las Pautas de Sentencias de los EE. UU. (Federal Sentencing Guidelines) Y otros factores estatutarios.

Los detalles contenidos en el documento de carga son alegatos. Se presume que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en el tribunal de justicia.

Para más información ver: https://www.justice.gov/usao-ma/pr/dominican-national-charged-identity-theft-2

Dominicano sentenciado por su papel en una conspiración para traficar en heroína / fentanilo basado en Lawrence, MA EEUU

BOSTON – Un ciudadano dominicano fue sentenciado el día 1 de marzo 2018 en el tribunal federal de Boston por su papel en una red para traficar heroína que operaba en Lawrence en Massachusetts y sus alrededores.

Waner Manuel Lara, también conocido como Anibal Santiago-Torres, de 34 años, fue sentenciado por la jueza del Tribunal de Distrito de Boston Indira Talwani a 65 meses de prisión y seis años de libertad supervisada. En octubre de 2017, Lara se declaró culpable de un cargo de conspiración para poseer con la intención de distribuir y distribuir 100 gramos o más de heroína y fentanilo y un cargo de posesión con la intención de distribuir 100 gramos o más de heroína. En marzo y abril de 2016, Lara y otros tres ​​fueron arrestados y acusados ​​por sus papeles en la operación de tráfico de drogas.

Desde abril de 2015 hasta marzo de 2016, las autoridades investigaron las actividades de distribución de drogas de Ramón Báez y sus asociados en Lawrence y sus alrededores. Según el Gobierno de los EEUU, Báez obtuvo kilogramos de heroína y cocaína de proveedores locales y de personas en México. Uno de los co-conspiradores de Báez, José A. Rosario, le suministraba heroína a Báez, que Báez volvió a embalar para distribuirla posteriormente.

La acusación alega que Lara y otro coacusado, Edwin Soto, les compraron heroína y fentanilo a Baez. El 29 de diciembre de 2015, las autoridades confiscaron $99,200 en efectivo que alegan constituir parte de las ganancias del negocio ilícito de Soto. En total, el Tribunal determinó que Lara es responsable de más de 300 gramos de heroína y / o fentanilo.

Báez fue sentenciado en junio de 2017 a 121 meses de prisión; Rosario fue sentenciada en septiembre de 2017 a 22 meses de prisión; y Soto fue sentenciado en enero de 2018 a cuatro años de prisión.

para mms ver: https://www.justice.gov/usao-ma/pr/dominican-national-sentenced-role-lawrence-based-heroinfentanyl-trafficking-scheme

Homem brasileiro se declara culpado no tribunal dos EUA em Boston por fraude

BOSTON – Um brasileiro declarou-se culpado hoje em tribunal federal em Boston para acusações de ATM que circulam na área de Boston e North Shore.

Helisson Benazi de Souza, de 38 anos, se declarou culpado de uma contagem de uso de dispositivos de acesso falsificado (cartões de débito); uma contagem de possuir 15 ou mais dispositivos de acesso falsificado (cartões de débito); três contagens de possuir equipamentos de fabricação de dispositivos (dispositivos de desnatação de ATM); uma contagem de transações ilegais com um dispositivo de acesso (cartões de débito de outras pessoas); e duas razões de roubo de identidade agravado. O juiz do Tribunal Distrital de Estados Unidos, William G. Young, agendou sentença para 19 de junho de 2018.

Benazi de Souza fazia parte de uma operação de descolagem de ATM em que ele roubou as informações do cartão de débito e os números de identificação pessoal (PIN) dos titulares legítimos de contas bancárias quando usaram seus cartões de débito nos caixas eletrônicos. Os dispositivos de desnatação feitos para se parecer com slots de acesso de cartão legítimos foram utilizados para registrar as informações da conta nas listras magnéticas dos cartões de débito, enquanto as câmeras secretas de fuso pinholem gravaram os portadores do cartão digitando seus PINs nos teclados. A informação da conta roubada foi então guardada em cartões de plástico em branco, incluindo cartões-presente e cartões-chave do hotel, fazendo “clones” dos cartões de débito legítimos. Benazi de Souza usou tais cartões clonados e os PINs correspondentes, para retirar US $ 43.000 de caixas eletrônicos na área de Metro Boston em maio de 2017.

Florida Dermatologist Agrees to Pay $2.5 Million to Resolve Allegations of Billing Fraud

Tim Ioannides, M.D., a dermatologist and owner of Treasure Coast Dermatology in Vero Beach and Port St. Lucie, Florida has agreed to pay $2.5 million to resolve allegations that he violated the False Claims Act by billing Medicare and TRICARE for procedures he did not perform, the United States Attorney’s Office announced today.  Dr. Ioannides also agreed to operate under an integrity agreement with the Department of Health & Humans Services, Office of Inspector General for 3 years.

“Physicians who bill for procedures they do not perform put personal monetary gain over their duty to their patients, and they raise the cost of health care for all of us as patients and taxpayers,” said Benjamin G. Greenberg, United States Attorney for the Southern District of Florida. “We will relentlessly pursue this type of fraud and abuse that plagues federal health care programs and threatens their financial stability.”

As set forth in the settlement agreement between the parties, the United States alleged that from 2010 to 2016, Dr. Ioannides billed for muscle flaps, complex surgeries involving the dissection and transposition of muscle to reconstruct extensive defects, even though he had not, in fact, performed them. This practice made Dr. Ioannides the highest paid physician in the nation for the muscle flap procedure in 2011, 2012, and 2013.  In addition, the United States alleged that during this time period, Dr. Ioannides would upcode claims for cryotherapy, which involves removing skin growths through the use of liquid nitrogen, by claiming to treat more areas than had actually been treated.

“Physicians who prioritize their personal greed over patient care violate their Hippocratic oath in a particularly deplorable manner,” said Special Agent in Charge Shimon R. Richmond of the U.S. Department of Health and Human Services, Office of Inspector General. “The OIG and our partners will not rest in our fight to ensure accountability in every corner of the health care industry as we work to protect the American public.”

“This settlement highlights the commitment of the Defense Criminal Investigative Service (DCIS) and its law enforcement partners to protect the integrity of TRICARE, the Department of Defense health care program that serves our war fighters, their family members, and military retirees,” said Special Agent in Charge John F. Khin, Southeast Field Office.  “With DoD’s limited resources and budgets, DCIS must continue to aggressively investigate fraud, waste, and abuse to preserve and recover precious taxpayer dollars for our most vulnerable programs.”

The lawsuit was filed by Patricia Cleary, a former patient of Dr. Ioannides. She filed under the qui tam, or whistleblower, provisions of the False Claims Act, which permit private parties to sue on behalf of the government and receive a share of any recovery. The act also authorizes the government to intervene in and assume primary responsibility for litigating the lawsuit, as the government has done in this case.  Cleary will receive $475,000.

The investigation of this case was the result of a coordinated effort by the United States Attorney’s Office for the Southern District of Florida, HHS-OIG, and the DCIS. The case was investigated and the settlement negotiated by Assistant U.S. Attorney Susan Torres. The integrity agreement was negotiated by OIG Senior Counsel Kenneth D. Kraft.

The case is captioned Patricia Cleary v. Tim Ioannides, MD & Tim Ioannides, MD, LLC d/b/a Treasure Coast Dermatology, No. 15-14306-Civ-Rosenberg (S.D. Fla.).  The claims asserted against Dr. Ioannides and Treasure Coast Dermatology are allegations only, and there has been no determination of liability.

Related court documents and information may be found on the website of the District Court for the Southern District of Florida at www.flsd.uscourts.gov or on http://pacer.flsd.uscourts.gov.

Two South Florida Men Sentenced For Conspiring To Distribute Hundreds Of Pounds Of High-Grade Marijuana

Orlando, Florida– U.S. District Judge Carlos E. Mendoza has sentenced Juan Almeida (59) and Andrew Cassara (38), both of Boca Raton, to six and seven years in federal prison, respectively, for conspiring to possess with the intent to distribute 100 kilograms or more of marijuana. They pleaded guilty on November 6, 2017.

A third co-conspirator, Wade Jones, Jr., previously pleaded guilty and was sentenced on February 7, 2018, to 13 months’ imprisonment.

According to court documents, in January 2015, the Drug Enforcement Administration began investigating the conspirators’ drug trafficking activities, which involved the distribution of large amounts of high-grade marijuana to individuals and groups. In August 2014, another group of drug traffickers had stolen approximately $250,000 of marijuana from the conspirators. In February 2015, during a recorded meeting, the conspirators discussed recouping their debt from the drug traffickers and continuing their drug distribution activities. A few days later, law enforcement seized more than 1,300 pounds of high-grade marijuana from a storage facility in Orlando and a house linked to Cassara.

This case was investigated by the Drug Enforcement Administration. It was prosecuted by Assistant United States Attorney Sean P. Shecter.

https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/two-south-florida-men-sentenced-conspiring-distribute-hundreds-pounds-high-grade